La responsabilidad indirecta de la Autoridad Palestina en el 7 de octubre: el argumento basado en su política de apoyo a terroristas encarcelados
La responsabilidad indirecta de la Autoridad Palestina en el 7 de octubre: el argumento basado en su política de apoyo a terroristas encarcelados
Por: Gastón Saidman
Cuando se analiza la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, la responsabilidad directa recae sobre la organización que planificó, financió y ejecutó el ataque. Sin embargo, una investigación reciente plantea una cuestión distinta: si la Autoridad Palestina (AP), con sede en Ramala, y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), sin pertenecer a Hamás e incluso manteniendo una profunda rivalidad política con ese movimiento, contribuyeron indirectamente a que algunos de sus principales dirigentes pudieran reorganizarse y participar en la planificación del ataque.
La tesis central del estudio no sostiene que la Autoridad Palestina haya organizado o dirigido la masacre. Tampoco afirma que todos los beneficiarios de sus programas hayan vuelto al terrorismo. Lo que argumenta es que, durante más de dos décadas, la AP desarrolló un sistema institucional que redujo el costo económico y personal de participar en actividades terroristas, permitiendo que numerosos terroristas condenados mantuvieran estabilidad económica tras recuperar la libertad.
Una política institucional de largo plazo
Antes de que Hamás llegara a ejecutar la masacre del 7 de octubre de 2023, la Autoridad Palestina ya había desarrollado durante décadas una política institucional destinada a respaldar económicamente a palestinos encarcelados por delitos relacionados con el terrorismo contra Israel. Según la investigación, este sistema comenzó a tomar forma a mediados de la década de 1990 y fue consolidándose mediante leyes, reglamentos y decisiones gubernamentales que transformaron lo que inicialmente eran pagos administrativos en un marco jurídico permanente.
Con el paso de los años, la política dejó de limitarse a la entrega de asignaciones durante el período de encarcelamiento y evolucionó hacia un sistema mucho más amplio de beneficios. Los presos de seguridad comenzaron a recibir salarios mensuales cuya cuantía aumentaba en función de los años de prisión, mientras que quienes recuperaban la libertad podían acceder a subvenciones extraordinarias, ayudas económicas permanentes y, en numerosos casos, a un puesto garantizado dentro de la administración pública palestina. Cuando la Autoridad Palestina no disponía de una vacante, la legislación contemplaba igualmente el pago de un salario fijo hasta que pudiera producirse su incorporación, convirtiendo ese respaldo económico en una obligación institucional.
Llegada de Terroristas liberados por Israel a Ramalla
Fuente: La Vanguardia
El sistema también incorporó una amplia gama de beneficios sociales para los ex presos y sus familias, incluyendo cobertura sanitaria, exenciones del pago de matrículas universitarias, programas de formación profesional y otras ayudas financiadas con fondos públicos. De acuerdo con la investigación, estas medidas no fueron decisiones aisladas, sino el resultado de un proceso legislativo que entre 2004 y 2013 amplió progresivamente los derechos de los beneficiarios y reforzó las obligaciones legales de las instituciones palestinas para garantizar el mantenimiento de estos programas.
Los autores sostienen que esta evolución demuestra que la política dejó de ser un mecanismo temporal de asistencia para convertirse en una estructura permanente del aparato estatal palestino. En su opinión, la combinación de respaldo económico, estabilidad laboral y beneficios sociales redujo considerablemente las consecuencias personales y económicas asociadas a la participación en actividades terroristas, proporcionando a muchos ex presos una red de seguridad que facilitó su reintegración sin necesidad de abandonar necesariamente su vinculación con organizaciones armadas. Según la investigación, esta infraestructura institucional constituye uno de los elementos que ayudan a explicar cómo numerosos terroristas liberados pudieron volver a desempeñar funciones relevantes dentro de Hamás en los años posteriores. El impacto de la liberación de presos.
Fuente: La Vanguardia
Uno de los aspectos centrales de la investigación es el análisis de las consecuencias del intercambio de prisioneros de 2011, conocido como el acuerdo por la liberación del soldado israelí Gilad Shalit. Como parte de ese acuerdo, Israel excarceló a más de un millar de presos palestinos, entre ellos numerosos integrantes de Hamás condenados por atentados terroristas. Muchos fueron enviados a la Franja de Gaza y otros fueron expulsados a distintos países de la región.
Según el estudio, la importancia de este episodio no radica únicamente en el elevado número de liberados, sino en el papel que muchos de ellos desempeñaron posteriormente dentro de la estructura de Hamás. La investigación sostiene que un número significativo de estos ex presos regresó rápidamente a la actividad terrorista y, con el paso de los años, ascendió a puestos de máxima responsabilidad en la organización.
Entre los casos más destacados figura Yahya Sinwar, liberado tras más de dos décadas en prisión y posteriormente convertido en el principal líder de Hamás en Gaza y uno de los principales responsables de la planificación del ataque del 7 de octubre de 2023. También aparece Tawfiq Abu Naim, quien tras su liberación pasó a dirigir el aparato de seguridad interna de Hamás; Rawhi Mushtaha, considerado uno de los colaboradores más cercanos de Sinwar y una figura clave dentro del gobierno del movimiento islamista; Zaher Jabarin, señalado como uno de los principales responsables de las finanzas internacionales de Hamás y de la obtención de recursos para la organización; y Ali Qadi, quien, después de ser liberado en el acuerdo Shalit, llegó a comandar una de las unidades que participaron directamente en la infiltración de Israel durante la ofensiva del 7 de octubre.
Yahya Sinwar
La investigación sostiene que todos estos dirigentes, al haber cumplido largas condenas en prisiones israelíes, cumplían los requisitos establecidos por la legislación de la Autoridad Palestina para acceder a los programas de remuneración y beneficios destinados a presos y ex presos condenados por terrorismo. Según los autores, esta circunstancia demuestra que algunos de los futuros líderes políticos, militares, financieros y de seguridad de Hamás continuaron disfrutando de la cobertura económica prevista por ese sistema incluso después de recuperar la libertad.
El estudio considera que este fenómeno constituye uno de los vínculos más relevantes entre la política institucional de la Autoridad Palestina y el fortalecimiento posterior de Hamás. Aunque la Autoridad Palestina no pertenecía a Hamás ni participó en la planificación del ataque del 7 de octubre, los autores sostienen que su sistema de apoyo económico permitió que varios de los hombres que terminarían dirigiendo o ejecutando esa operación contaran durante años con una red de respaldo institucional que redujo las consecuencias económicas derivadas de su pasado terrorista.
La investigación plantea un argumento económico e institucional
Según sus autores, si esos dirigentes hubieran tenido que conseguir un empleo para sostenerse económicamente tras salir de prisión, habrían dispuesto de menos tiempo y recursos para reorganizar redes terroristas.
En cambio, la existencia de salarios garantizados y de empleo asegurado dentro de la administración palestina habría reducido significativamente ese costo personal, permitiendo que varios de ellos dedicaran su tiempo a reconstruir la infraestructura militar de Hamás.
Desde esta perspectiva, la política de pagos no habría causado por sí sola la masacre del 7 de octubre, pero sí habría contribuido a crear condiciones que facilitaron el regreso de terroristas experimentados a posiciones de liderazgo.
Una política mantenida durante años
El estudio sostiene además que la política no fue una medida temporal, sino un sistema consolidado mediante leyes, reglamentos y asignaciones presupuestarias.
Según los datos recopilados por los autores, cientos de millones de shekels fueron destinados anualmente al pago de beneficios para presos de seguridad, ex presos y familias de terroristas fallecidos.
Aunque en 2025 la Autoridad Palestina anunció reformas en el sistema bajo presión internacional, la investigación sostiene que los pagos continuaron mediante nuevos mecanismos administrativos.
Una responsabilidad distinta de la de Hamás
El jefe político de Hamas Khaled Mashal 11 años atras advierte a Abbas y dice que no hay reconocimiento de Israel
Fuente: AP Archive
El estudio diferencia claramente entre la responsabilidad directa y la responsabilidad indirecta.
La responsabilidad directa por la planificación y ejecución del 7 de octubre corresponde a Hamás y a los grupos armados que participaron en el ataque.
La responsabilidad que la investigación atribuye a la Autoridad Palestina sería de naturaleza institucional: haber mantenido durante décadas una política que, según sus autores, disminuyó las consecuencias económicas de participar en el terrorismo y facilitó que algunos de sus beneficiarios regresaran a actividades terroristas hasta alcanzar puestos de mando desde los cuales planificaron o ejecutaron la masacre.
Un debate abierto
Las conclusiones del estudio forman parte de un debate político y jurídico más amplio. Israel, Estados Unidos y otros países han criticado durante años el sistema de pagos a presos por considerar que incentiva el terrorismo. Por su parte, la Autoridad Palestina ha sostenido que esos pagos constituyen asistencia social para presos y sus familias y rechaza que impliquen respaldo a actos terroristas.
La investigación sostiene que, más allá de esa justificación oficial, la combinación de legislación, incentivos económicos y reintegración laboral terminó beneficiando a numerosos dirigentes que posteriormente desempeñaron funciones clave dentro de Hamás, razón por la cual concluye que la AP y la OLP tuvieron una responsabilidad indirecta en las condiciones que hicieron posible la preparación del ataque del 7 de octubre, aunque no participaran en su planificación ni ejecución.
