Votación en comité reabre el debate sobre la pena de muerte para terroristas en Israel
Por: Gastón Saidman

Aunque el asesor legal del parlamento advirtió que la votación sería nula, el Comité de Seguridad Nacional avanzó con el proyecto. Juristas, víctimas y funcionarios discrepan sobre su legalidad, su impacto y su sentido.
A pesar de la objeción del asesor legal del parlamento, el Comité de Seguridad Nacional aprobó en primera lectura un proyecto de ley que propone imponer la pena de muerte a terroristas. La votación ha sido calificada como “nula” por expertos legales, mientras familiares de víctimas exigen medidas más duras. El debate cruza líneas legales, políticas y morales.
El Comité de Seguridad Nacional de la Knéset aprobó esta semana, en primera lectura, un polémico proyecto de ley que busca imponer la pena de muerte a terroristas condenados por asesinatos motivados por odio racial o nacionalista. La votación, sin embargo, fue realizada durante el receso parlamentario y en contra de un acuerdo previo con la asesoría legal del parlamento, lo que ha generado una fuerte controversia sobre su validez legal y legitimidad política.
El abogado del comité, Ido Ben Yitzhak, fue tajante:
“Si se lleva a cabo una votación, esta será nula”.
Según explicó, existía un acuerdo explícito entre los asesores jurídicos del comité y del parlamento para no avanzar con la votación mientras el parlamento estuviera en receso, y mientras no se hubiera consultado a los organismos de seguridad pertinentes.
Diputado Zvika Fogel (Otzma Yehudit)
(Knesset)
Pese a ello, el presidente del comité, diputado Zvika Fogel (Otzma Yehudit), decidió avanzar con la lectura, amparado en el respaldo político de su bancada. La propuesta fue aprobada en primera instancia, aunque sin que se anexaran formalmente los textos del proyecto de ley, impulsado por la diputada Limor Son Har Melech y otros legisladores de derecha.
¿Qué dice la ley propuesta?
La iniciativa busca establecer la pena de muerte obligatoria para terroristas que asesinen con motivación nacionalista o racista, especialmente en casos donde se considere que el crimen tuvo como objetivo dañar al Estado de Israel o a su población judía. La ley plantea, además, que esta sentencia pueda aplicarse por mayoría simple en los tribunales y que no pueda ser conmutada posteriormente.
Según las notas explicativas del proyecto, el objetivo es “erradicar el terrorismo desde su raíz” y enviar un mensaje disuasorio claro. Sin embargo, expertos del Ministerio de Justicia y del sistema judicial militar han expresado que la legislación vigente ya permite aplicar la pena de muerte en ciertos casos de terrorismo, aunque nunca se ha utilizado en la historia moderna del país.
¿Una ley nula desde el origen?
El fondo del debate no es solo moral o político, sino también legal. El asesor jurídico del parlamento advirtió que el procedimiento adoptado por el comité carece de validez, ya que incumple normas internas del parlamento y se realizó sin escuchar a las agencias de seguridad ni a las instancias legales correspondientes.
“La estructura actual no permite un debate profundo”, sostuvo el abogado Yishai Sharon, defensor público. La abogada Avigail Son Feldman, del Ministerio de Justicia, advirtió además que una opinión previa de los organismos de seguridad concluyó que esta ley no generaría mayor disuasión, y que es necesaria una nueva evaluación.
Política, dolor y urgencia: voces a favor
Pese a las críticas, varios legisladores defendieron la medida con firmeza. El Ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, sostuvo que esta ley es más necesaria que nunca en el contexto actual, con ciudadanos israelíes aún secuestrados tras el ataque del 7 de octubre.
Ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir
(Knesset)
“Esta ley está en la agenda. Si a una persona secuestrada le cae un solo cabello, debería significar una sentencia de muerte”, dijo Ben Gvir, en respuesta a quienes pedían postergar el debate.
El presidente del comité, Zvika Fogel, fue más allá:
“Estoy harto de informes e inteligencia. No podemos seguir viviendo bajo el mismo paradigma. Esta ley busca reforzar la voluntad judía. Lo que se necesita es valentía”.
La diputada Tali Gottlieb afirmó que la pena de muerte tiene efecto simbólico y práctico:
“El enemigo debe entender que hay un precio, y ese precio es la pena de muerte. Hay que hablarles en su idioma”.
Críticas: política sobre justicia, y riesgo para los rehenes
La crítica más fuerte vino desde la Oficina del Primer Ministro. Gal Hirsch, Coordinador de Prisioneros y Personas Desaparecidas, alertó que el debate parlamentario podría poner en riesgo los esfuerzos para liberar a los secuestrados.
“Estamos en medio de una operación conjunta, militar y política, para traerlos de regreso. Esta discusión no ayuda. Me opongo a medidas automáticas. Esto debe evaluarse con lupa”, sostuvo.
La diputada Efrat Reitan fue aún más dura:
Diputada Efrat Reitan
Knesset
“Si esta discusión pone en peligro la vida de los rehenes, entonces es un delito. No estamos llevando a cabo un proceso legislativo serio y profesional”.
El diputado Gilad Kariv denunció además que los miembros del comité no tuvieron acceso a material confidencial clave antes de votar:
“Esta discusión se lleva a cabo por razones puramente políticas. No se puede legislar con los ojos vendados”.
(Fuente: Knesset)
“Si hubiera existido esta ley, mi hija estaría viva”
En medio del debate legal y político, las voces más conmovedoras llegaron de quienes han vivido el terrorismo en carne propia. Yossi Cohen, padre de Amit Cohen —asesinado en el festival Nova el 7 de octubre— declaró:
“Enterramos niños porque los masacraron y los quemaron. Pido que se exija la pena de muerte. Esta ley no es política”.
Brenda Lemkos, cuya hija fue asesinada hace 11 años por un terrorista posteriormente liberado, agregó:
“Mi hija estaría viva si hubiera existido la pena de muerte. No podemos permitir que los asesinos vuelvan a matar”.
¿Qué sigue?
Aunque la propuesta fue aprobada en el comité, su futuro legislativo es incierto. La legalidad del procedimiento está en duda, y aún debe pasar por el Gabinete, el Comité Ministerial de Legislación y tres lecturas en el pleno parlamentario. Además, se requiere una evaluación actualizada por parte de las agencias de seguridad.
Mientras tanto, el debate en Israel continúa dividido entre quienes claman justicia ejemplarizante, quienes temen consecuencias legales e internacionales, y quienes señalan que no toda ley que se aprueba tiene fuerza legal —ni legitimidad ética— si no respeta el debido proceso.